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Antecedentes

 

En América latina la problemática de agua a tomado relevancia en las agendas políticas de organismos públicos, organizaciones internacionales, ONGs, y líderes comunitarios. En cada país las estrategias para trabajar el acceso a agua potable, principalmente en áreas rurales, varia considerablemente. Pero en todas ellas, existen numerosos e importantes aprendizajes.

El caso boliviano, en el año 2009, se tornó el más relevante de la región. La aprobación de la nueva Constitución estableció el acceso universal al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental y un servicio público. A su vez, este país fue precursor en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la declaratoria que reconoció en 2010 el agua y el saneamiento como un derecho humano. La lucha por el acceso al agua, símbolo de vida, dignidad y justicia social para los bolivianos, ha generado grandes movilizaciones sociales que han transformado las políticas de agua de su país y el mundo.

En el caso de Chile, hace cuatro décadas, se desarrolla un exitoso modelo público-comunitario de abastecimiento de agua potable, único en el mundo, las Asociaciones de Agua Potable Rural (APR). Son unos 1500 Comités y Cooperativas en todo el país gestionadas gracias al trabajo y liderazgo de más de 7500 dirigentes quienes ad honorem han administrado el agua con un sentido social y solidario en favor de sus beneficiarios y del país.

Por otro lado, en Brasil, la experiencia “Un millón de cisternas rurales” (P1MC, 1999) del Programa Articulação no Semiárido Brasileiro ha coordinado a más de 700 organizaciones de la sociedad civil brasileña con el objetivo de proporcionar agua apta para el consumo humano a un millón de familias. Esta experiencia surge desde la iniciativa y financiamiento estatal, pero con una metodología sencilla de “descentralización” de la toma de decisiones reforzando el poder popular, y formando hombres y mujeres como albañiles y como agentes de transmisión del programa -construcción y gestión de las cisternas-. Esta forma de gestión potenció la participación de las organizaciones y la gestión transparente con el objetivo de obtener agua de buena calidad para el consumo humano.

En Argentina, en la última década se han incrementado los esfuerzos públicos y privados para mejorar las condiciones de vida y acceso al agua. Numerosos programas y proyectos aplicados desde ámbitos nacionales, provinciales y municipales están dirigidos a brindar servicio de red de agua para ciudades, barrios de alto porcentaje poblacional y para riego productivo (Programa Agua+Trabajo, PROMES, PROARSA, PROERSA, Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) y algunas orientadas a las zonas rurales (PROPASA, Programa Agua-INTA, etc). En el mismo sentido, numerosas organizaciones sociales han desarrollado pequeños proyectos en zonas rurales.

En Perú, el Programa PROAGUA (2004), viene implementando un concepto de intervención de fortalecimiento de capacidades de prestadores rurales de servicios de saneamiento, a través de un convenio de cofinanciamiento con el Fondo Contravalor Perú Alemania (FPA) y actualmente a través del proyecto “Apoyo a la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto (AYUPER, 2007).
Este programa busca complementar los procesos típicos de construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura de los servicios de saneamiento, con el objetivo de generar mejores condiciones de sostenibilidad de estos servicios. En el mismo sentido, en Perú se vienen desarrollando programas de investigación y educación sobre temáticas de agua y biodiversidad.

A pesar de todas estas experiencias, el agua continúa siendo un flagelo grave en la región. Y aún no se han desarrollado estrategias ni políticas nacionales y regionales de resolución del problema social, ambiental y productivo que implica el acceso a agua potable.

Desde hace 4 años, las organizaciones sociales y algunos organismos nacionales de Argentina, Bolivia y Paraguay están trabajando coordinadamente para incidir en las políticas públicas que atañen a la región del Gran Chaco Americano y priorizaron el trabajo en temáticas de agua para consumo y producción por considerar que es un escollo para el desarrollo regional. En este sentido, REDES Chaco -una red de redes- decidió generar una línea de agua denominada como Programa SEDCERO.

El Programa SEDCERO comparte con las iniciativas descriptas el espíritu y la búsqueda por contribuir a garantizar el derecho de acceso a agua segura. El objetivo es ambicioso y a gran escala buscando construir a la generación de nuevas capacidades estatales y comunitarias que permitan a la población plantearse nuevos horizontes de desarrollo socio-productivo.