La falencia grande del triangulo de Jorge Sábato en la interacción entre el Estado como diseñador y ejecutor de políticas públicas, el sector científico-tecnológico como ofertista de tecnología y conocimiento, y el sector productivo, como demandante de los productos y servicios del sector científico-tecnológico es la ausencia de la interacción con la sociedad. La ciudadanía sigue excluida del sistema de pensamiento aún hoy.

La minería es un sector de larga presencia en el mundo y en nuestro país. En Argentina, es un sector productivo que creció de manera exponencial en los últimos años y solo los ciudadanos se han hecho eco de los graves problemas que puede acarrear para la vida y calidad humana cierto tipo de minería, en especial aquella a cielo abierto y que utiliza cianuro para el procesamiento. Pero cómo actúa el Estado y el sector científico tecnológico ante las necesidades del sector productivo y de la ciudadanía. Y cómo la ciudadanía produce estrategias de protección ante los riesgos que se le plantean.

La existencia de una Secretaria de Minería de la Nación dice mucho sobre las potencialidades y el impacto económico que tiene el sector minero en la economía de Argentina. Esta Secretaria dispone de un Plan Minero Nacional y una Proyección al año 2015, y a su vez, desde noviembre del año 2007, posee un Subprograma de Gestión Ambiental Minera, a pesar de que la explotación minera es un sector desde hace décadas, es muy reciente la creación de ese Subprograma (1).

Para aprobar las explotaciones mineras, se requiere de una evaluación de impacto ambiental que supondría un área de profesionales evaluadores científicos que deben tener en cuenta, como una cuestión crucial, la disposición a la aprobación del proyecto minero por parte de la comunidad o comunidades afectadas. En los casos de explotación minera en Esquel (Chubut), Famatina (La Rioja), Chilecito (La Rioja), Ongamira (Córdoba), entre otros caso resonantes, la ciudadanía se expreso contraria a desarrollar actividades mineras en la región, organizándose para realizar y exigir su participación en la toma de decisiones, principalmente por considerar que la minería generaría mayores externalidades negativas que positivas (2).

Las empresas mineras y la Secretaría Minera de la Nación consideran – según el informe de Gestión 2003-2007- como variables de análisis de los impactos positivos: inversión, exploración, empleo, producción, exportación, y “salario” (como si fuese algo externo a la variable empleo). Acaso no deberíamos preguntarnos en qué contexto esas variables son positivas. Y para quiénes. El Informe de Gestión Minera 2003-2007 presenta las articulaciones con programas y proyectos de diversos organismos públicos. La “capacitación minera” y “promover la minería como desarrollo de trabajo sustentable” son dos objetivos y actividades que se han estimulado, pero en ningún momento se mencionan ideas tales como “consulta popular”, “referéndum publico”, o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana (3). No existieron espacios del Estado para la ciudadanía en temas de alfabetización del conocimiento en torno a los efectos negativos de la minería. Las cuatro universidades que se nombran en el Plan realizaron actividades de capacitación en minería para futuros profesionales de áreas relacionadas, pero generalmente sólo para geólogos y profesionales de área relacionadas: ¿Existió debate sobre los impactos sobre el medio ambiente y la población? ¿Cómo se generó ese debate?

En el año 2003 las empresas mineras declararon inversiones por 660 millones de pesos en 40 explotaciones, y en el año 2007 la cifra alcanzó los 5600 millones de inversión en el sector con 336 proyectos de explotación. Significa un acumulado del 748% -según datos oficiales – (4). ¿Cuánto están ganando y piensan ganar si esa es la inversión? ¿Cuánto queda en el Estado y cuanto se invierte y reinvierte en subsanar los problemas ambientales?¿Qué tipo de reinversión se realiza?

La mayoría de las explotaciones importantes de oro, cobre, minerales industriales, turba están sobre la Cordillera de los Andes, justamente donde están las nacientes de agua, y donde, producto de los deshielos, se nutren las napas freáticas del resto del país. ¿No tenemos derecho los ciudadanos a exigir que se contrarresten los efectos negativos de la minería a futuro? ¿No requieren de licencia social?

Uno de los puntos más álgidos del debate parece no centrarse en la cuestión medio ambiental sino en la generación de empleos. En el año 2003 este sector generaba alrededor de 19000 empleos directos, casi duplico para el 2007 a 40000 empleados. Esto implica un acumulado del 110 % en cinco años, a pesar de que se paso de 40 a 336 explotaciones . Observando las cifras podría interpretarse que requiere poco empleo directo. O bien, que el tipo de empleado que requiere es de alta calificación por eso el escaso crecimiento de empleo, o bien, el personal de una empresa rota por proyectos, o simplemente, el grado de tecnificación del sector no requiere tanta mano de obra, sino más bien, administradores. ¿Qué relevancia e impacto tienen sobre la macro economía este sector?

Los impactos sobre las microeconomías locales y regionales son conocidos en todo el país. Y las solicitudes a diferentes entidades del Estado para limitar las explotaciones mineras se multiplican, en la mayoría de los casos, sin mayores efectos sobre la realidad de las explotaciones. Uno entre tantos ejemplos es el de Famatina. En los noventa los habitantes de Famatina (La Rioja) comenzaron a escuchar y leer en los medios de comunicación regionales los problemas que sus compatriotas catamarqueños estaban sufriendo a raíz de la explotación minera. En el año 2007, esa realidad toco a las puertas del pequeño pueblo de Famatina, la empresa Barrick Gold Corporation (Canadá) comenzó la explotación de oro en el Cerro Famatina, con un método nocivo para las tierras y las agotadas napas de agua. Desde el momento en que se conoció lo que estaba sucediendo en el centro del cerro, los ciudadanos se organizaron para defender el patrimonio ambiental, cultural y económico de la localidad. El mismo Vicegobernador Dr. Luis Beder Herrera, hoy Gobernador de la Provincia, apoyo a los habitantes de Famatina y de Chilecito para sancionar un Ley Provincial que limitará la explotación Minera. Beder al conseguir la gobernación se retractó en su apoyo y propugnó la derogación de dicha ley. ¿Hasta que punto nos protegen nuestras leyes y funcionarios?

En otras provincias los sucesos de ese tipo se repiten. El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, recomendó limitar las explotaciones en la zona de San Guillermo, en cercanía de un Parque Nacional de la provincia de San Juan, en el año 2007. En un documento señalaba que «se constataron los impactos que la actividad minera está causando en la gente, lo que se agravará entre tres y cinco veces si avanzan los nuevos emprendimientos mineros que aún no han sido aprobados». “Una población de bajos recursos se ve obligada a adquirir agua en botella, porque el agua de red no sería segura». Tampoco esta declaración tuvo efectos sobre la explotación.

El articulo Nº 41 de la Constitución Nacional Argentina declara y garantiza que «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.» ¿Cómo se protege una población sin medios económicos ni legales del poder de las empresas multinacionales en concordancia con el Estado (ya sea local, provincial o nacional)?

Efectos Comunitarios

El debate ciudadano también debe nutrirse del debate sobre los efectos en el medio ambiente, en los recursos naturales y en los riesgos que corre la calidad de vida de las poblaciones aledañas a las explotaciones, y aquellas otras que por causa de las externalidades negativas de la actividad pueden resultar afectadas (caso de contaminación de napas de agua, desertización de suelos, entre otros.).

La minería es una actividad milenaria para el hombre, y sin duda, no hay intención de eliminar la actividad pero qué impacto tiene cada tipo de minería. Existen al menos cuatro tipos básicos de minería:
1. Los materiales pueden obtenerse en minas de superficie (que incluye las canteras), explotaciones a cielo abierto u otras excavaciones abiertas. Este grupo incluye la inmensa mayoría de las minas de todo el mundo.
2. En segundo lugar, están las minas subterráneas, a las que se accede a través de galerías o túneles.
3. El tercer método es la recuperación de minerales y combustibles a través de pozos de perforación.
4. Por último, está la minería submarina o dragado, que próximamente podría extenderse a la minería profunda de los océanos.

Las minas a cielo abierto se diferencian del resto de las explotaciones por dos cuestiones, dejan visiblemente dañado los ecosistemas en los que se producen, no se prevé “tapar el agujero” creado por la explotación y generalmente se llena de agua con residuos de materiales tales como cianuro en el caso de las explotaciones de oro, lo que lleva a la inevitable contaminación de las napas subterráneas. Cabe destacar que las explotaciones de oro son criticadas por el método utilizado con cianuro, método que no es el único, es el más barato, y claro, el más utilizado. Aún no se han desarrollado formas de explotación que cumplan con las leyes de mercado: barato y rendidor.

Por otro lado, es una actividad que acarrea serios riesgos para los operarios de la explotación: riesgos de accidentes y riesgos de contraer una serie de enfermedades laborales. Técnicamente este ultimo punto implicaría normas estrictas de trabajo: “cubren la calidad del aire, el entibado de las galerías, los explosivos, la iluminación, el ruido y todos los demás riesgos que pueden darse en las minas.” Los principales países mineros tienen leyes y normativas muy estrictas sobre la seguridad en las minas, viendo el carácter del Subprograma de Gestión Ambiental deberíamos preocuparnos por la seguridad de los afectados más directos, los trabajadores.

La minería suele generar dos efectos típicos en cualquier tipo de actividad económica invasiva: aquellos que están a favor de la explotación y los que no. El primero de los efectos sobre las comunidades es la división y la disputa. En segundo termino, las empresas suelen asegurarse tener el apoyo político con apoyo económico a la provincia para iniciar la explotación, lo que genera que los representantes del pueblo terminen por ser facilitadores de la instalación de la empresa. Se pierde la función de seguimiento y control propia del Estado local y de representantes de la ciudadanía.

Los efectos de la contaminación de las napas de agua llevan a la desertización de la tierra, reducción de la vida silvestre, la necesidad de agua envasada, y cambios en las dinámicas económicas de las localidades. Los cambios también pueden verse reflejados por el movimiento de personas, transportes y nuevas necesidades y demandas. Todos cambios que generalmente generan externalidades negativas tales como la emigración, enfermedades, y conflictos.

En virtud de lo expuesto, ¿se tienen en cuenta estos efectos?¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace?

El rol de la comunidad científico-tecnológica

En este panorama, ¿Qué hace la comunidad científica y tecnológica argentina? ¿Qué deberían hacer? Irónicamente en casos como Famatina, la Universidad Nacional de San Juan prohibió hablar sobre los problemas de la mina en la institución, principalmente por considerar que afectaba los intereses de su alumnado de las carreras relacionadas con la minería. De hecho el anuncio de la Barrick Gold se tomó con entusiasmo y con nuevos cursos relativos a la minería. Diferente fue la reacción del colegio de Famatina que rechazo numerosos intentos de que la empresa donará útiles y otros elementos como una estrategia de dividir el cuerpo docente que estaba trabajando con los alumnos sobre el impacto de la minería a cielo abierto.

La creencia de que la toma de decisiones tecno-científicas son neutrales, dista mucho de la realidad. Los ciudadanos deben disponer de un panorama amplio para poder afrontar los desafíos de la complejidad. Y el científico y el tecnólogo tienen una función social sumamente relevante a la hora de democratizar conocimientos, no solo no están exentos de sopesar en la toma de decisiones los conocimientos sobre el tema, sino que también deben entender y abrir el debate para incluir en las decisiones cuestiones de valores, normas, creencias culturales y convicciones políticas (9).

En este sentido, podemos destacar diferentes perspectivas. Gerard Fourdez considera que lo importante es que la comunidad científica y tecnóloga trabaje sobre la ética en la ciencia y tecnología en la demostración de que no hay una única respuesta para que las personas puedan entender otros factores y miradas sobre los usos de determinados materiales y tecnologías (10). Las mineras pueden ser analizadas por los economistas desde una visión ecológica. Pero la economía convencional no sopesa los costos y problemas que puede acarrear ciertos desarrollos para el medio ambiente y la calidad de vida de la sociedad. Desde la economía ecológica, según Walter Pengue , se propone que las decisiones sobre los límites ecológicos de la economía, estén basados en debates científico-políticos de carácter democrático y abierto, del cual surjan las verdaderas políticas de estado que conduzcan a un desarrollo sustentable (11).
La educación -y el conocimiento que conlleva – brinda generalmente posibilidades, privilegios sociales y económicos, pero también responsabilidades. En algunas provincias los alumnos universitarios y algunos docentes han apoyado la causa de los pueblos contra la minería a cielo abierto, pero son pocas las Universidades que se han emitido en contra de cierto tipo de explotaciones y propugnado desde las aulas debates, principalmente en las facultades de ciencias duras.

Ciudadanos y su causa por la vida

Al analizar la política pública en relación a la explotación minera en el último periodo presidencial de Nestor Kirchner, uno se encuentra ante la ilógica de la construcción de las políticas, primero se inician las explotaciones y después de casi 5 años se crea un “subprograma” de gestión ambiental (12). En ese tiempo los únicos que se hicieron eco fuertemente de las problemáticas que acarrea la minería han sido los ciudadanos de pequeñas localidades que percibiendo la soledad de su situación, se informaron y generaron estrategias para enfrentar diferentes corporaciones: la minera, los gobiernos y funcionarios públicos, y los actores relacionados indirectamente (por acción u omisión) como ciertas Universidades y Centros de Estudios.

El movimiento social “NO A LA MINA” propone múltiples e interesantes debates, pero uno en particular sobre el tipo de desarrollo local y sustentable que estas personas quieren y esperan para sus localidades. Y dista mucho de modelos altamente rentistas que poco tienen de rentable a largo plazo en relación con el medio ambiente, la tierra, tierra que tiene un significado y una razón de vida profunda para los que la aman.