Entrevista a la investigadora y docente universitaria Mg. Paula Juarez, coordinadora del Programa SEDCERO y especialista en políticas y estrategias de tecnologías el desarrollo inclusivo sustentable, propone un debate para repensar los sentidos comunes que circulan en la sociedad en relación al abordaje al acceso al agua y el saneamiento.

**Por Alejandro Armentia

Saberes del Territorio. Proyecto Interuniversitario de Cultura Científica

Se calcula que en Argentina alrededor del 90% de la población tiene acceso al agua de red en la vivienda y un 60% a cloacas. La Plataforma del Agua, una herramienta virtual sobre estas temáticas, señala en un mapa del país dónde están los hogares con mayor urgencia para la intervención estatal en acceso de agua y saneamiento. Allí se muestra que hay 448 mil hogares sin agua en la vivienda y unos 680 mil sin saneamiento, en ambos casos se trata de familias con necesidades básicas insatisfechas. Frente a este escenario, en el imaginario social está instalada la idea que la suma de todos estos problemas se resuelve con más obras. ¿Esto es así?

Paula Juárez, investigadora, docente y extensionista del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, busca abrir un debate en torno a lo que muchos funcionarios, medios de comunicación y el imaginario colectivo se empeñan en agitar: «más obras», cuando esto no garantiza necesariamente el acceso de agua de calidad y saneamiento para todas y todos.

Hace más de una década, Juárez junto a un equipo de 25 investigadoras e investigadores trabajan en el análisis de procesos de innovación, construcción de conocimientos y tecnologías orientadas a resolver problemas sociales y ambientales en diferentes áreas (hábitat, salud, energía, alimentos, residuos), y entre ellas, la relacionada con el acceso al agua y el saneamiento en Argentina y América Latina. Buscan desandar el eje de discusión del «sentido común» de los problemas y las soluciones, y (re)pensar las formas de planificar para generar dinámicas de desarrollo inclusivo sustentable. En ese camino desarrollaron un marco teórico y de práctica denominado «Planificación Estratégica de Sistemas Tecnológicos Sociales».

«La visión usual sobre los servicios es artefactual y puntual, no es la que nosotros compartimos. Cuando expresamos la mirada sobre el agua lo hacemos entendiéndola en términos sistémicos, es decir, en su relación con la salud, la alimentación, el hábitat, los ecosistemas. También lo hacemos en términos situados porque las necesidades de la población y de los espacios varían de lugar en lugar; y en términos estratégicos, como parte de sistemas socio-técnicos orientados a la generación de dinámicas de desarrollo, que requieren del agua en sus múltiples sentidos», asegura Juárez.

«Impulsamos un debate y reflexión teórica y política desde los Estudios Sociales de la Tecnología en torno a cómo se vienen pensando los servicios de agua y cómo se construye el ‘problema del agua’, que justamente la dificultad está en cómo se diseñan los problemas y las soluciones a esos problemas», dice. Para revertir esas formas de hacer, tanto la Plataforma del Agua como otras herramientas y metodologías que realizaron, apuntan principalmente a la generación de insumos para la política pública, la formación de funcionarias y funcionarios públicos, referentes sociales, y la construcción de una ciudadanía socio-técnica desde una nueva mirada.

«El fetiche de las obras»: de las respuestas puntuales a las soluciones sistémicas

«Si decimos que el problema del agua es meramente un problema de falta de obras, la solución es ‘tirar caños’ o hacer cisternas u otra solución puntual. Sin embargo, luego de muchos años de trabajar en distintas provincias, principalmente en el norte del país, hemos observado y analizado que esa forma restringida de definir el problema y la solución ha generado que se hagan grandes inversiones en obras, pero sin pensar el desarrollo territorial, ni el sostenimiento de esos sistemas, ni en construir capacidades locales, o prever escenarios climáticos o de conflicto socioambiental», afirma.

Por otro lado, agrega que «las y los ciudadanos y ciudadanas no son consultados para esas decisiones y al final son ellos quienes lidian con los problemas de las soluciones». En particular, Juárez señala -como ejemplo- que el norte del país: «es un gran cementerio de soluciones tecnológicas puntuales y aisladas, respuestas que no han sido adecuadas para las poblaciones».

Pero ¿por qué la afirmación «más obras, más personas con acceso» parecería ser una falacia? Las obras de infraestructura no necesariamente proveen las conexiones efectivas de agua y saneamiento a los hogares y, de hecho, esto en general no está contemplado en los planes de ejecución de las obras. Un caño de agua tendido frente a un barrio popular no garantiza que los hogares estén conectados a la red. Por otro lado, si esa es la solución prevista, «el crecimiento poblacional es mayor que el avance de las obras, con lo cual los porcentajes de acceso continúan estancados desde hace décadas», advierte Juárez.

La investigadora afirma que «el diseño de soluciones está pensado en términos de ‘paquete tecnológico’ de tendido de cañerías, plantas y algunas cuestiones técnicas asociadas, pero no en pensar el agua como parte de dinámicas de desarrollo más amplias». En ese sentido se pregunta: «¿qué pasa con la población si no puede pagar la instalación hacia adentro de su hogar, si la vivienda no es adecuada, o no puede pagar la tarifa, o si hay condiciones socio-habitacionales o culturales a contemplar? Ni hablar si pensamos en las zonas rurales y sus múltiples situaciones».

Y señala: «Esto lo podemos pensar con el caño de agua que llega hasta la entrada de una villa, pero hacia adentro no tienen agua en sus hogares o, en otros términos, si lo tuvieran en sus casas aún no tendrían garantizado el derecho en igualdad de condiciones que otras familias».

En ese sentido, Juárez propone deconstruir las visiones deterministas tecnológicas. «Debemos pensar la situación problemática y sus soluciones desde una planificación estratégica, sistémica y en clave socio-técnica, dejando atrás esos fetiches por las obras, con una mirada dinámica y situada. El agua y el saneamiento no deberían pensarse disociados de una planificación territorial, una política habitacional, socio-ambiental y de servicios públicos», dice.

Esta nueva noción de planificación estratégica, además, señala la importancia de pensar la sustentabilidad de las fuentes de agua para cada caso. ¿Qué está pasando en Argentina? Según Juárez, hay diferentes escenarios a contemplar: 1) el 70% del país es árido o semiárido; 2) hay provincias marcadas por frecuentes sequías prolongadas y/o inundaciones; 3) en el norte del país, el acceso al agua en numerosos lugares está ligado a la incidencia de los períodos de lluvia y a las fuentes subterráneas de agua que usualmente presentan contaminación natural de arsénico y/o sales, o bien contaminación por desechos de la minería o uso de agroquímicos de la agricultura extensiva; 4) otras provincias, por ejemplo, dependen de los cursos de agua como el caso del Río Paraná que en el último año entró en riesgo hídrico por una gran bajante. A todo esto, se suma una dinámica poblacional que, en busca de una mejora en la calidad de vida, se asienta en los barrios populares de grandes urbes (principalmente Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) ejerciendo mayor presión sobre los servicios.

«Las situaciones problemáticas son complejas y hasta ahora las soluciones se quedan cortas», advierte. En este sentido, desde la Universidad Nacional de Quilmes, este equipo señala que la forma de planificación puntual es lo primero que hay que cuestionar.

¿Dónde está la urgencia de acceso a agua y saneamiento?

Entre los años 2016 y 2018, en el marco del Programa SEDCERO, un equipo de investigadoras e investigadores de diferentes universidades e institutos de I+D, liderados por Paula Juárez, desarrollaron una investigación sobre diferentes aspectos relativos al agua a escala nacional -estadísticas, tecnologías, normativas, experiencias- y diseñaron una herramienta virtual para la gestión estratégica del agua.

¿Qué se priorizó al construir nuevos indicadores estadísticos? Dos cuestiones fueron el foco político de la investigación: «Por un lado, mostrar dónde hay una mayor relación entre falta de acceso a estos servicios y las necesidades básicas insatisfechas en cada provincia (con un semáforo de prioridades: alta/rojo, media/amarillo y baja/verde)». Por otra parte, la investigadora señala que también se refleja «un criterio de equidad y desarrollo territorial, generando un ranking de situación a nivel provincial y nacional».

Juárez explica que esta herramienta «la construimos a partir de los datos del Censo 2010 e hicimos una proyección estadística hacia el 2017 y analizamos la relación entre la falta de acceso al agua, la falta de saneamiento y las necesidades básicas insatisfechas, es decir: pobreza estructural. A partir de ahí desarrollamos un índice de urgencia para la gestión. Este índice de urgencia tiene otros ponderadores: climáticos y sociales, y muestra cuáles son los lugares que requieren soluciones sistémicas más rápido por presentar mayor vulnerabilidad socio-ambiental».

En el tope de urgencias están las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco, Misiones, Formosa y Tierra del Fuego. «Esto abre una discusión sobre la planificación del desarrollo nacional: Argentina tiene el 93% de su población en ciudades de unas pocas provincias. En la medida que tenemos una población más hacinada, con mayores problemas habitacionales y económicos, se vuelve más complejo de solucionar», advierte la investigadora.

A nivel nacional, de los 448 mil hogares sin acceso a agua de red en la vivienda y necesidades básicas insatisfechas (pobreza estructural), un poco más de un cuarto corresponden a la provincia de Buenos Aires. Dentro del conurbano coexisten distintas situaciones. Florencio Varela tiene el 65% de su población con acceso a agua de red en la vivienda; General Rodríguez, Merlo o San Vicente está en un 40%; y si vamos a Malvinas Argentinas estamos en alrededor del 10 %.

«No es homogénea la situación y eso hace, justamente, que tengamos que planificar con metodologías, criterios y prioridades más finas. Por eso la Plataforma, que va más allá de cuestiones partidarias, es una representación de los problemas del territorio y señala la necesidad de apoyar lo antes posible a la población más vulnerable», aclara Juárez.

Estos insumos tecno-cognitivos sirven para repensar la dinámica poblacional y las políticas de desarrollo del país orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes. En la Plataforma del Agua, dice Juárez, «uno puede localizar dónde están ‘los hogares prioritarios’, porque uno tiene que contemplar que el financiamiento y las capacidades son finitas, hay que ser lo más estratégico posible para generar transformaciones socioambientales a mediano y largo plazo».

Financiamiento y riesgo climático, otros puntos de fuga

¿Dónde va el financiamiento público para agua y saneamiento? El saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo representa alrededor del 30% de los fondos de agua y saneamiento de todo el país. Esto abre un nuevo debate de planificación sobre «cómo se reparte la torta». Debate que Juárez cree que debería ser impulsado desde las provincias y las ciudades medianas y pequeñas para disputar las prioridades de financiamiento con un sentido más equitativo y distributivo.

Por otro lado, la investigadora pone el acento en los riesgos que implica el cambio climático, y habla sobre otra cuenca importante: la del Río Paraná. «Las hipótesis sobre las que se pensaron muchos sistemas de agua se centraron en entender a esta cuenca como un recurso ilimitado. Ahora puede estar en alto riesgo», advierte.

La sequía del último año, con una gran bajante del Río Paraná, índices de contaminación y cambios sustantivos en los ecosistemas son algunas dimensiones que llevan a Juárez a decir que «tendríamos que pensar en sistemas socio-técnicos complementarios frente al riesgo climático y la crisis ambiental. Realmente deberíamos estar en este momento muy preocupados por la situación».

Hasta acá se observa que en Argentina hay diferentes factores que contemplar sobre el agua: desigualdad socio ambiental, distribución inequitativa del financiamiento, ecosistemas áridos y semiáridos, riesgos climáticos. Pero ¿por qué en la última década empezó a ser más relevante trabajar sobre agua? Es posible marcar varios elementos que abonaron este proceso.

Juárez los enumera: Argentina en el año 2010 aprueba la resolución de Naciones Unidas del derecho humano al agua y saneamiento, y en el año 2015 se compromete a lograr metas de acceso a estos servicios para el año 2030; por el otro lado, el problema se hizo más sentido y visible en el conurbano bonaerense y otras grandes ciudades. Un tercer punto se refiere a la frontera agrícola. Esta avanzó hacia las provincias del norte y eso cambió las dinámicas climáticas y económicas de la región, visibilizando aún más las desigualdades estructurales. Por último, la investigadora señala el trabajo de los movimientos sociales y asambleas por el derecho al agua -como el Programa SEDCERO- que se multiplicaron en la última década de la mano de conflictos ambientales y desigualdades sociales.

Otra construcción de problemas, otras soluciones

Sin embargo, el escenario nacional no es pesimista según Juárez: «hay capacidades tecno-cognitivas instaladas como para lograr llegar a la meta de acceso a agua y saneamiento para el total de la población, lo que pasa es que los problemas que implican a ese porcentaje que resta son una situación de alta complejidad: hay 4400 barrios populares y un millón de personas en zonas rurales dispersas, por esto es importante otro tipo de planificación».

En cuanto al porcentaje de población que sí tiene acceso al agua de red hay que pensar en la calidad del servicio que se les ofrece. La investigadora señala que «el Estado nacional actualmente no tiene información fehaciente de la calidad del agua que proveen los 2200 operadores de agua (entre los que se encuentran el propio Estado, asociaciones, empresas y cooperativas)». En este sentido, «construir información y análisis de las problemáticas es un insumo importante para planificar», dice.

La teoría y la praxis sobre «Planificación Estratégica de Sistemas Tecnológicos Sociales» (PESTS) que se viene desarrollando desde el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, fue diseñada por pedido explícito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación en el año 2009, para abordar las problemáticas de acceso a agua de calidad en población rural del norte del país, y desde entonces se trabajó articuladamente con organismos públicos, la ciudadanía, organizaciones locales y municipios, pensando el «agua para el desarrollo», lo que llevó a trabajar producción, salud, hábitat, saneamiento como parte de las estrategias.

Para esto se trabaja con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que posibilitó generar herramientas y metodologías de planificación testeándolas en diferentes escenarios, en una construcción continua. Esta práctica también pone en tensión las formas estándar de acción de la academia porque articula investigación, docencia, intervención e incidencia en las políticas públicas. «Así, la ciencia y la tecnología no son neutrales, las investigadoras y los investigadores no son asépticos y tienen una función política que deben traducir en praxis para el desarrollo del país», cierra la especialista.

Fuente: Saberes en territorio. Proyecto Interuniversitario de cultura cientifica. 

Conoce esta iniciativa: https://www.pagina12.com.ar/365389-cultura-cientifica-participativa

Web: https://saberesenterritorio.conusur.org.ar/?p=719