Argentina – En momentos en que el gobierno nacional de Javier Milei avanza con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la principal empresa estatal de A&S, y busca transferir al sector privado el 90% de las acciones de la empresa, vuelve a ponerse en discusión una pregunta estratégica: ¿quién debe decidir cómo se gestiona un servicio esencial como el agua?

La experiencia de la Plataforma del Agua, desarrollada en el marco del Programa SEDCERO y dirigida desde el IESCT-UNQ, aporta elementos concretos para responderla. La Plataforma fue concebida como una herramienta para reunir y poner a disposición información estadística, normativa, tecnologías, experiencias territoriales y modelos de gestión vinculados al agua y el saneamiento en Argentina. Su principal aprendizaje es que los problemas de acceso al agua y saneamiento no son exclusivamente técnicos: requieren capacidades estatales para planificar, articular actores, producir conocimiento y garantizar derechos en territorios profundamente desiguales.

El recorrido de la Plataforma permitió relevar experiencias públicas, comunitarias y privadas y mostrar que allí donde existen problemas de acceso al agua y al saneamiento no alcanza con disponer de una tecnología o con crear una solución puntual para resolverlos. Se necesitan políticas de largo plazo, inversión, regulación, capacidades técnicas y, fundamentalmente, una estrategia pública capaz de orientar las capacidades y los recursos hacia donde las necesidades sociales son mayores en el territorio nacional. Se trata de entender que la responsabilidad es del Estado y este debe generar las capacidades para estos servicios que son indispensable para la vida, la salud y el desarrollo. Paula Juarez, la directora de la Plataforma del Agua, lo sintetiza de este modo: “El agua es un servicio estratégico y un derecho. Por eso, su política y su gestión deben estar en manos del Estado. El Estado no puede renunciar a la capacidad de planificar, garantizar y orientar un servicio cuya finalidad principal es asegurar derechos para los ciudadanos actuales y futuros.”

La discusión adquiere especial relevancia frente al actual proceso de privatización: el Gobierno nacional lanzó en 2026 la licitación para transferir el 90% de las acciones de AySA, empresa que presta servicios de agua potable y saneamiento a alrededor de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La experiencia acumulada por la Plataforma del Agua deja una enseñanza que trasciende a AySA: un servicio estratégico no puede pensarse solamente desde la lógica empresarial porque sus resultados impactan directamente sobre derechos, territorios y condiciones de vida. Privatizar la empresa implica, por lo tanto, mucho más que modificar quién administra una compañía: supone redefinir quién establece las prioridades, cómo se decide la inversión y qué lugar ocupa el derecho al agua frente a la lógica de rentabilidad. Frente a este escenario, recuperar los aprendizajes de experiencias de gestión y conocimiento como la Plataforma del Agua permite sostener que el desafío no es retirar al Estado, sino fortalecer sus capacidades para planificar, regular, invertir y garantizar el acceso universal a un recurso que es de todos.

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