Bolivia, pionera en el derecho de acceso al agua

El 10 de julio del 2009, luego de un complejo proceso de participación ciudadana , las autoridades gubernamentales de Bolivia promulgaron una nueva Constitución Política del Estado que contempló el derecho de acceso al agua. Este hito socio-político comenzó a gestarse a partir de la denominada “Guerra del Agua”, acontecimiento durante el cual el pueblo boliviano salió a la calle para manifestarse en contra de la privatización de dicho servicio.

Desde las bases sociales, la nueva legislación boliviana actuó como epicentro de un movimiento que tendría sus réplicas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicha organización internacional , un año después de promulgada la Constitución boliviana, reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento básico como un derecho humano esencial a partir de la Resolución UN 64/292.

La nueva Constitución reconoce en su artículo n° 373 que “el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”. A partir de este artículo, el “Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad” y se elimina toda posibilidad de apropiación privada y concesión de los recursos hídricos. Por otro lado, el artículo n° 374, señala que “el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida […] garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes”.

La lista de artículos continúa y los contenidos de los mismos son ricos y extensos. El derecho al acceso al agua puede encontrarse en el artículos n° 16 y también en el 20. En cuanto a las disposiciones en lo tocante al manejo de cuencas hidrográficas y recursos hídricos, éstas quedan consagradas en los artículos n° 375, 376 y 377.

Las conquistas logradas con esta nueva Carta Magna del Estado boliviano son acompañadas por las disposiciones adoptadas por la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien, aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 2012. En conjunto, ambos documentos constituyen una declaración de principios que sientan un precedente en la lucha por la democratización del acceso al agua, en la cual Bolivia se ubica a la vanguardia.